Jurisprudencia Sistematizada del Nuevo Proceso Penal 2020 Tomo II

Reseña

Desde hace ya más de 4 años rige en el país un nuevo Código de Proceso Penal, el que vino a cubrir la necesidad imperiosa de ajustar la normativa procesal penal a los estándares exigidos por los Tratados Internacionales de los que es parte nuestro país y la Constitución Nacional.
Sin embargo, más allá de que pudiera existir consenso en relación a la necesidad del cambio, lograr que el mismo se concretara y que se pusiera en práctica no ha sido fácil.
Tampoco lo ha sido, y no era esperable que lo fuera, lograr que todos los operadores coincidieran en la forma en que el nuevo sistema, en la práctica, debía ser aplicado en cada caso concreto.
Menos aún lograr que funcionara en forma acabada en los primeros tiempos.
Era lógico esperar que ante el desafío que supone un nuevo sistema procesal, con un radical cambio de roles y una nueva forma de trabajo, se generara resistencia por parte de quienes no lograban adaptarse al mismo. Las viejas prácticas, generadas en el sistema anterior, siempre están allí, pugnando por volver. Y para quienes no han querido o podido comprender la reforma, no dejan de ser una tentación.
Ello es aún más marcado en un proceso como el uruguayo, donde el proyecto original, votado por el Parlamento en el año 2014 (Ley 19493) fue modificado en su sustancia antes de la entrada en vigencia, para plasmar un proceso acusatorio y adversarial que la norma anterior no concretaba en realidad, debiendo dictarse numerosas leyes a esos efectos entre 2016 y 2017, algunas de las cuales incluso entraron en vigencia a pocos días de que lo hiciera el nuevo sistema.
Pero todavía, las marchas y contramarchas, o en realidad la “contra-reforma” no se hizo esperar y así aparecieron institutos reñidos con la filosofía y principios del nuevo sistema, tales como la posibilidad de adoptar medidas para mejor proveer, presunciones legales en relación a los riesgos procesales para la prisión preventiva o el acceso del Juez a la carpeta investigativa.
Con todo este panorama, es lógico que la regulación carezca en algún punto concreto de cierta coherencia, o que haya dejado planteadas soluciones que no se ajustan a los propios principios que el Código establece.
Por ello, la jurisprudencia deviene fundamental a la hora de considerar cómo resolver estas situaciones que se suscitan día a día en los tribunales. Es fundamental para Fiscales y Defensores pero también para los Jueces, y en último término y más importante aún, para ir dotando al sistema de la lógica que el ensamble de normas no siempre permite.
Es así que, consciente de la necesidad de conocer y manejar adecuadamente la Jurisprudencia, Jorge Vaz González nos presenta un nuevo ejemplar de su obra, donde en forma clara y meticulosa reúne las distintas posiciones que han sostenido los Tribunales de Apelaciones sobre cada tema en que se han pronunciado, manteniendo además la imprescindible actualización que ello exige.
Logra así plasmar una obra de fácil manejo pero a la vez completa que sin duda resulta ser una herramienta insustituible y de consulta obligada para todos los operadores del sistema de justicia penal.

Graciela Gatti
Ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno.
Presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay
Jueza integrante del International Residual
Mechanism for Criminal Tribunales (IRMCT)