El proceso de anulación de los actos administrativos

Reseña

Desde la aprobación del decreto ley 15.524 –en el año 1984– se han elaborado varios proyectos de reforma del contencioso anulatorio. Esos proyectos, elaborados en distintos ámbitos y con la participación de destacados especialistas, nunca llegaron a aprobarse. Luego de un nuevo intento impulsado por el Colegio de Abogados del Uruguay en los años 2017-2018, también fallido, en el año 2021 se inició un trámite legislativo que culminó con la aprobación de la ley 20.020. La nueva ley introdujo una serie de modificaciones y consagró un sistema de remisiones al Libro I del Código General del Proceso. Esta doble modificación del sistema del decreto ley 15.524, directa en el texto de la nueva ley e indirecta a través de la remisión al sistema de disposiciones generales del Código, implica una serie de cambios que –en conjunto– constituyen un avance importante. A eso se suma la creación, por la propia ley, de una comisión encargada de proyectar una reforma integral del sistema. Esta creación, además del valor simbólico que implica la expresión de una voluntad política de transformación del sistema del contencioso anulatorio, es un primer paso en el camino del cambio. Mientras ese camino se empieza a transitar, debemos convivir con este “puzle” normativo que el autor intenta armar en la obra que ponemos a disposición del lector.